Este reclamo tiene más de seis meses de antigüedad
  • En Valparaíso, Valparaíso, Chile
  • Viernes 25, Enero 2013
  • Número de Reclamo: 238367

Contraloria General De La Republica

Los procedimientos "omitidos" por la contraloría general de la república

SEÑORES contraloria general de la republica

PRESENTE


Debo ser el, quizás, el único particular que tiene el expediente completo del Sumario instaurado a raíz de las severas irregularidades detectadas por Informe de Auditoría Administrativa N° 135/2007, a disposición de este foro, en reclamo 237333, ya que la Contraloría se negó a publicarlo y transparentarlo.


El fiscal designado (Sumario), había ingresado a la repartición pública, sólo meses antes de su nominación. La rigurosidad del informe preliminar (135/2007), merecían un desarrollo investigativo acorde.


El Sumario, en 982 fojas, sólo se hace cargo de parte de las observaciones destacadas en el reporte que le dio origen.


El Sub Jefe de la División de Auditoria Administrativa, señala (Inf. 135/2007) que debían investigarse especialmente;


II b) Otorgamiento de registros de Patentes fuera de Plazo


IV a) Otorgamiento de registros de Marcas con plazo de pago de los Derechos vencido


VII b) Trato preferencial a empresa de Servicios (Sargent y Krahn) y modificación de la Base de Datos.


Estos hechos NO fueron investigados por el Fiscal y dejó de lado los testimonios de funcionarios del DPI, que daban cuenta de una organización interna, jerarquizada, para adulterar las bases de datos y alterar las fechas de presentación de solicitudes de patentes y marcas, que una vez publicadas en el Diario Oficial, pasan a ser documentos públicos.


CÓDIGO PENAL CHILENO


4. De la falsificación de documentos públicos o auténticos


Art. 193. Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad:


5° Alterando las fechas verdaderas.


6° Haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe su sentido


Algunos testimonios:


- “… se pueden cambiar algunos datos. La fecha de ingreso o de presentación solo la pueden cambiar H. T. y A.R. Respecto de la modificación del título, la clasificación de la patente, el nombre del solicitante, el nombre de los inventores y fecha de vencimiento, puede cambiar esos datos…” “… cada solicitud es sacada del sistema WANG, las corrige (¿?) si hay que hacerlo y las imprime…”


- “… le corresponde efectuar los cambios de fecha de presentación de las patentes previa petición formal del Conservador de Patentes (RCS), vía mail, lo mismo ocurre con marcas,… modificar en el WANG la carátula de patente y marca…” “…a petición o notificación de las áreas se eliminan o se borran los movimientos…”


- “…Don H. T., hizo una reunión… para decirles que estaba prohibido conversar y entregar información a la señora de la Contraloría General… que era una orden de la Jefa del Departamento, señora … “


- “…don H.T. los llamó a reunión para comunicarles que todo lo que solicitara Contraloría se debía canalizar por doña P. J., Jefa Administrativa.”


- “…me correspondió modificar la fecha de presentación de las solicitudes de tramitación de patentes a petición del Conservador de Patentes,… tres o cuatro veces al mes…” “…las rectificaciones de… las solicitudes de marcas eran tramitadas directamente por don H. T.”


“… me solicitaba el Conservador de Patentes, consistía en rectificar computacionalmente la fecha de presentación lo que provocaba que una solicitud declarada” No Presentada” o “Abandonada” se reactivara.”


- “…para cambiar los tramites administrativos… Inicio de tramitación, informe pericial, publicación, pago final u otros, solo podían ser modificados o alterados por los administradores del sistema “Wang” que eran H. T. y A.R.”


Las indicaciones de la jefa del DPI a sus subalternos de NO dar información a los funcionarios de la Contraloría, no fue más que una obstrucción a la investigación, que también se dejó pasar.


En detalle lo pueden revisar en;


http://tiemposdecambalache.blogspot.com/2013_01_02_archive.html


Pero, administrativamente en el DPI,¿ como empezaban estos “tramites” para la adulteración de Base de Datos?


Esta ilegalidad, ¿Los interesados, la solicitaban por oficio, por mail o por teléfono?


Los solicitantes de la alteración de fechas, ¿Debieron pagar por este procedimiento o fue un favor de las jefaturas del DPI? O, si pagaron, ¿Lo hicieron a la Institución o al funcionario?


Ante estas interrogantes, solicité respuesta a la propia CGR, preguntando a través del Acceso a la Información primero y al Contralor después:


1.- ¿Por qué el Informe Nº 135/2007 no aparecía en la página Web de la Contraloría?


2.- ¿Si se habían puesto los antecedentes de los supuestos delitos a disposición de la Justicia?


La 1ª respuesta, contenida en el Of. N° 26.357/2010 de CGR


Para pregunta 1:


“…la Base de Informes de Auditoria se encuentra operativa y se esta subiendo paulatinamente la información histórica.”. El informe 135/2007 nunca apareció.


Para pregunta 2:


“…cabe señalar que la Subsecretaria de Economía Fomento y Turismo remitió los antecedentes a los Tribunales Ordinarios de Justicia.”


Se reconocía, tácitamente, la existencia de ilícitos dignos de ser investigados debidamente.


Disconforme con la respuesta solicité, formalmente, una reconsideración al Sr. Contralor.


La respuesta del propio Contralor General de la República dice:


-Que con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley (de transparencia), la Contraloría ya publicaba en su portal los informes de Auditoría realizados, pero este Informe no se encontraría disponible por ser de una data anterior.


-“… se analizó la procedencia de practicar dicha actuación judicial, llegándose a la conclusión que los antecedentes recopilados durante el curso del proceso disciplinario no eran suficientes para entablar una acción penal.”


El detalle de esto, con comentarios en:


http://tiemposdecambalache.blogspot.com/2013_01_04_archive.html


Adjunto a esta publicación, Carta al Contralor y Respuestas CGR (2)


Con respecto al conflicto de intereses de la relación Sargent y Krahn-DPI, absolutamente nada.


Cito, copio y pego información extraída de la propia CGR


http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Reposito...


“OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR QUE PESA SOBRE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.


- El art. 175 del C. Procesal Penal señala que estarán obligados a denunciar:


b) “Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones…


- Si se omite la denuncia se incurre en la pena establecida en el art.494 del C.


DELITO DE NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Art. 240 y 240 bis.


Tipo del art. 240.


- “Empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato u operación en que debe intervenir en razón de su cargo...”


La Contraloría General de la República y su responsable administrativo, faltaron a su deber de denunciar, y con su silencio y omisiones, encubrieron los ilícitos cometidos al interior del DPI, dejándolos sin investigación ni sanción.



contraloria general de la republica - los procedimientos "omitidos" por la contraloría general de la república
AdjuntoTamaño
Oficios_CGR_y_CartaJ_H.pdf107.23 KB
Autor: J.H.
Publicado el Viernes, Enero 25, 2013 - 20:39. La persona que publicó este contenido se ha identificado internamente con su nombre, rut y otros datos aportados voluntariamente. Para tomar contacto con el autor considere las alternativas que se presentan a continuación. Las opiniones publicadas por los usuarios en el foro no reflejan necesariamente la opinión de los administradores.

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La municipalidad no acepto esta gestión ni tampoco los diseños. Según lo hablado en la reunión dijeron que no quedaron conformes con el producto entregado, porque pedían completar la información requerida en los términos de referencia; pero que en ninguna caso eso debiera haber obtaculizado el ingreso y aprobación del Seremi de salud. Era solo información complementaria, que se podía haber entregado con posterioridad.
De igual forma se acepto de común la resciliación del contrato y se nos cancelara el 75% del primer estado de pago que ascendía a $ 3.000.000.-( Se nos cancelara $ 2.250.000.- ) y se nos devolverán la garantías.
Cabe hacer notar que independiente de lo sucedido y del acuerdo logrado, es muy importante destacar la buena disposición y honorabilidad de la Sra Alcaldesa y de todas las personas que estuvieron presente en la reunión.
Fue muy bueno clarificar que nos sentimos perjudicados, pero en ningún caso fue algo premeditado o de mala fe por parte del municipio. Solo un mal manejo técnico administrativo que se pudo haber solucionado mucho antes de llegar a estas instancias.