Negligencia en la aplicación del Protocolo de Acoso Escolar y falta de medidas de protecc

El Colegio Pedro de Valdivia Agustinas ha incurrido en una grave negligencia en la aplicación oportuna del Protocolo de Actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia, conforme a lo establecido en la Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, buen trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. Contamos con correos electrónicos que evidencian que los antecedentes fueron informados al establecimiento desde junio y que recién a fines de agosto se nos comunicó que el colegio disponía de 15 días hábiles para concluir el protocolo. Esto resulta especialmente preocupante, considerando que el propio Reglamento Interno establece que, una vez recibida la denuncia, se debe actuar y designar a un investigador dentro de un plazo máximo de dos días hábiles.Asimismo, pese a que hemos solicitado expresamente que se nos informe qué acciones se adoptarán para prevenir posibles represalias contra las estudiantes afectadas, no se han comunicado medidas concretas. Esto ocurre aun cuando el Reglamento Interno obliga a implementar medidas de resguardo inmediatas durante la investigación, destinadas a proteger a las estudiantes afectadas y evitar que se profundice su situación de vulnerabilidad.La gravedad de estos hechos no puede seguir siendo minimizada. Según los antecedentes que conocemos, una estudiante se encuentra internada en una clínica como consecuencia del impacto emocional provocado por el bullying y el hostigamiento atribuido a las estudiantes denunciadas. Esta situación demuestra que no estamos frente a un conflicto menor entre compañeras, sino ante hechos que estarían afectando seriamente la salud mental, la integridad y la seguridad de las niñas. Nos preguntamos, con profunda preocupación, si debemos esperar que alguna estudiante atente contra su vida para que recién se adopten medidas efectivas, se reconozca la gravedad de lo sucedido o se impulse una nueva ley de manera póstuma. La protección debe ser preventiva y oportuna; actuar después de una tragedia ya no sería protección, sino una reacción tardía frente a un daño que pudo evitarse.A lo anterior se suma la actitud prepotente de la encargada de Convivencia Escolar y su desconocimiento de los antecedentes informados desde junio. El hecho de que recién tres meses después haya tomado conocimiento del caso evidencia la inexistencia o el grave incumplimiento de los canales de comunicación y conductos regulares dentro del establecimiento. Esta situación refleja una preocupante falta de coordinación interna y un incumplimiento de las responsabilidades institucionales, además de contradecir los deberes de buen trato, protección y cuidado que el colegio debe garantizar a toda su comunidad educativa.Durante la reunión fuimos humillados y recibimos como respuesta que, si no estábamos conformes con la situación, podíamos cambiar a nuestra hija de curso, pese a que ella es una de las estudiantes afectadas. Trasladarla no resuelve el problema de fondo, no aborda las conductas denunciadas y termina depositando las consecuencias sobre quien requiere protección. Además, se nos amenazó con finalizar anticipadamente la reunión en línea, dejándonos, como apoderados, en un profundo estado de impotencia, vulneración y desprotección.Esperaríamos que un colegio privado, cuyo costo mensual bordea los $500.000, contara con las competencias, los procedimientos y el personal idóneo para abordar casos de esta gravedad con profesionalismo, empatía y respeto. Exigimos la adopción inmediata de medidas de resguardo efectivas, la aplicación rigurosa del protocolo correspondiente, el esclarecimiento de las responsabilidades por los retrasos y fallas de comunicación, y la entrega de una respuesta formal que garantice la protección de las estudiantes afectadas y un trato digno hacia sus familias.