Negligencias trabajador@s

Por este medio, quiero denunciar las graves irregularidades y prácticas negligentes que han caracterizado la gestión del Programa PRM Pichilemu, las cuales han afectado profundamente el bienestar de mi familiar. Los profesionales involucrados, incluyendo a la trabajadora social Katherin Berrios Villarreal, la directora Macarena Lorca y el psicólogo Luis Muñoz Parraguez, han demostrado una alarmante falta de ética y profesionalismo en el manejo del caso.Desde el inicio, la trabajadora social Katherin Berrios mostró una actitud indiferente y poco profesional hacia la situación familiar. Durante las reuniones, evitó responder a las preguntas clave y minimizó nuestras preocupaciones, limitándose a repetir información vaga y carente de detalle. Su falta de compromiso quedó en evidencia al negarse a proporcionar actualizaciones importantes sobre los avances en el caso, lo que ha generado desconfianza en la gestión del programa.La directora Macarena Lorca, por su parte, ha mostrado una falta de transparencia y disposición para colaborar con la familia. a pesar de múltiples solicitudes formales, se ha negado a proporcionar información clara y oportuna sobre las decisiones que afectan directamente a mi familiar. En las pocas oportunidades en que se ha discutido el caso, su actitud ha sido evasiva y poco receptiva, priorizando la burocracia por encima del bienestar del menor.El psicólogo Luis Muñoz Parraguez ha presentado informes que contienen serias inconsistencias y datos que no coinciden con los registros oficiales. En uno de sus documentos, afirma haber realizado sesiones que no están respaldadas por los registros institucionales, y en dichas sesiones se atribuyen comentarios al menor que contradicen completamente lo señalado en otros contextos. Este tipo de irregularidades no solo cuestionan la veracidad de los informes, sino que también afectan gravemente la percepción de la situación familiar.Además, el manejo emocional del menor por parte del equipo del PRM ha sido profundamente inadecuado. En lugar de ofrecerle un entorno seguro y neutral, se le ha sometido a dinámicas que parecen buscar influir en sus declaraciones, lo que ha resultado en un impacto emocional significativo. Estas prácticas son una violación directa a los principios éticos que deberían regir este tipo de intervenciones.Finalmente, es preocupante que los documentos emitidos por el PRM contengan múltiples errores administrativos, como fechas mal consignadas, omisión de información clave y contradicciones en los detalles. Estas fallas afectan no solo la integridad del caso, sino también nuestra capacidad como familia de tomar decisiones informadas en beneficio del menor.Exijo que se realice una investigación exhaustiva e independiente sobre las actuaciones del PRM Pichilemu y de los profesionales mencionados. Es fundamental que se tomen medidas inmediatas para corregir estas malas prácticas y garantizar que los menores y sus familias reciban un trato ético, profesional y transparente.