Retención indebida de dinero por servicios legales no prestados y sin contrato firmado.

Quiero dejar constancia de mi profundo malestar con el Estudio Jurídico I. González (representado en mi caso por la abogada María Salazar Oyarzún).​Inicié conversaciones para contratar sus servicios, pero el día 13 de mayo de 2026 les informé formalmente que desistía del proceso debido a mi situación económica. Dado que nunca llegué a firmar el contrato de honorarios que me enviaron a través de la plataforma FirmaYa, solicité la devolución de los $100.000 CLP que pagué de manera inicial.​El estudio se niega a realizar la devolución argumentando que el contrato es de carácter "consensual" y que los servicios ya fueron "prestados íntegramente". Esto es completamente falso y contradictorio, ya que tengo evidencia por escrito (vía WhatsApp) del día 11 de mayo donde la propia abogada me indica textualmente: "hasta que no tengamos el contrato firmado no podemos comenzar con la revisión de causas".​Es inaceptable que retengan mi dinero alegando que hicieron un trabajo que ellos mismos condicionaron a la firma de un documento que nunca suscribí. Exijo la devolución total e inmediata de mis fondos