Información poca claridad me siento engañado

Junto con saludar respetuosamente, me dirijo a usted con el objeto de poner en su conocimiento una situación que estimo grave y que afecta directamente mis derechos como estudiante de educación superior, en relación con la C. de Ingeniería en Administración de Seguridad Privada impartida por el Instituto Profesional IPLACEX.Con fecha previa remití una presentación formal a dicha institución solicitando aclarar el impacto real que la entrada en vigencia de la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada y su Reglamento (D.S. N° 209) tendría sobre la proyección académica, profesional y laboral de la C. que actualmente curso. Lo anterior, considerando que esta normativa era conocida con antelación y que sus efectos resultan sustantivos para el ejercicio profesional ofrecido al momento de la matrícula.En respuesta, IPLACEX remitió un documento institucional (que adjunto), en el cual señala que el perfil de egreso se encontraría alineado con la nueva legislación y que los titulados podrían desempeñarse, entre otros cargos, como Asesores o Supervisores de Seguridad Privada. sin embargo, dicha respuesta no aborda de manera concreta ni suficiente el impacto práctico y real que esta normativa tiene en el mercado laboral, ni cómo se resguarda la promesa formativa original.Posteriormente, recibí un escrito del Director de C. que generó en mí especial molestia, ya que en la práctica equipara el rol profesional de supervisor de Seguridad Privada —que requiere una C. de cuatro años, con altos costos mensuales, exigente carga académica y una significativa inversión en horas de estudio— con capacitaciones impartidas por OTEC acreditadas por carabineros de Chile o la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales se realizan en aproximadamente 140 horas. Esta equiparación desvaloriza gravemente la formación profesional ofrecida y afecta directamente la expectativa legítima creada al inicio de mis estudios.Todo lo anterior ha generado un impacto negativo concreto en mi proceso académico, en mis proyecciones de acreditación y desarrollo profesional, así como en el ámbito económico y familiar, considerando el esfuerzo sostenido para financiar mis estudios. Estimo que esta situación configura un perjuicio emergente derivado de una falta de información clara, oportuna y transparente sobre los efectos de una modificación normativa conocida con antelación.